La aprobación en el Congreso de Brasil de un proyecto de ley que contempla la reducción de penas a acusados por actos contra la democracia y la institucionalidad, como el golpe de Estado entre 2022 y 2023, entre otros crímenes, generó fuertes críticas desde el Gobierno. La ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, calificó la medida como un “grave retroceso que busca beneficiar a golpistas como Bolsonaro”. Exigió que no haya impunidad y los acusados de golpismo paguen por su crimen.

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Hoffmann expresó su postura a través de un mensaje en X, donde afirmó que la nueva legislación representa una falta de respeto hacia el Tribunal Supremo Federal (STF) y hacia la democracia brasileña. La normativa fue aprobada en el Senado por 48 votos a favor y 25 en contra, y ahora pasa a sanción. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ya ha anunciado que vetará el documento.

De acuerdo con la funcionaria, la aprobación del texto fue posible gracias a un acuerdo de procedimiento impulsado por Jaques Wagner, líder del Gobierno en el Senado, cuya negociación Hoffman calificó como lamentable.

El miércoles, durante la tramitación del proyecto en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado, Wagner realizó un acuerdo con la oposición para acelerar la aprobación de la propuesta. Justificó que no se realizó un debate de fondo y que orientó el voto contrario a la propuesta que reduce la pena a los golpistas.

En referencia a Bolsonaro y otros golpistas, Hoffman enfatizó que quien atentó contra la democracia ha de pagar por sus crímenes. Recordó que el presidente Lula orientó a las bases del PT rechazar el proyecto de ley y confirmó que este lo vetará.

Entre otros aspectos de carácter regresivo y que benefician a la derecha y alientan el golpismo, el referido proyecto de ley propone modificar las penas para quienes cometan los delitos de intento de abolición del Estado de derecho democrático y de golpe de Estado. Quienes sean acusados ​​de dos o más delitos solo serán condenados por el más grave, no por la suma de todas las penas.

Opositores al proyecto advierten que el texto original, incluso, podía interferir en sentencias ya consolidadas por la Corte Suprema, lo que abriría la posibilidad de favorecer a condenados por delitos graves.

El debate en torno a esta ley refleja la tensión política en Brasil, marcada por la confrontación entre sectores que defienden la iniciativa como un ajuste legal y aquellos que la consideran un intento de beneficiar a responsables de ataques contra la democracia.

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